miércoles, 18 de abril de 2007

Penal de Magdalena

TRAS UNA DENUNCIA DEL COMITE POR LA MEMORIA
La Justicia penal ordenó clausuras en la cárcel de Magdalena


LA PLATA, 18 ABR.- La Jueza de Ejecución de La Plata Claudia Marengo dispuso la clausura parcializada y gradual de la Unidad N º35 de Magdalena y ordenó reducir en 300 el número de personas detenidas en esa unidad carcelaria. La medida fue adoptada luego de la denuncia del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria que había presentado dos habeas corpus colectivos por todos los internos ante la falta de una red contraincendios, según se explicó.

A través de un fallo -que se conoció hoy y fue dictado el 11 de abril último-, la magistrada platense resolvió "disponer que en forma parcializada se proceda a clausurar la Unidad N º35 de Magdalena, debiendo efectivizarse esta de a dos pabellones, empezando por los números 7 y 16, y espacios comunes, hasta tanto se efectivicen las reformas y reparaciones que permitan hacer de toda la Unidad un ámbito digno y seguro para el alojamiento futuro de detenidos".

La medida fue adoptada luego de una denuncia realizada por el Comité luego que sus integrantes constataran que esa unidad penal no tenía sistema de protección de incendio para hacer frente a un posible siniestro, no contaba con agua potable en algunos pabellones, que la instalación eléctrica era deficiente y peligrosa, que existían falencias en la atención sanitaria que implicaba la negación del derecho a la salud y a los tratamientos médicos de personas con VIH, basurales a cielo abierto y escasez de alimentos, se denunció en su momento.

La jueza y los peritos de la Asesoria Pericial de la Plata determinaron que la Unidad no puede ser utilizada para el alojamiento de internos y que no cumple con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que la Corte Nacional ordenó se cumplimenten.

Como resultado de las inspecciones de los peritos, Marengo ordenó efectuar "reformas y/o reparaciones en celdas y espacios comunes", para adecuarlas con las disposiciones reglamentarias vigentes de seguridad.

De esa forma demandó al Estado provincial la "provisión de un completo sistema apropiado de seguridad contra incendios, dotando a las celdas en lo pertinente de colchones ignífugos; la reparación inmediata de duchas, cocinas y piletas de cocina y lavado de prendas y plenos de servicios, recomponiéndose las filtraciones que de ellos devengan; regularizar la provisión de agua potable; la reparación de instalación eléctrica y la restauración del espacio para internación que posee la Unidad".

Asimismo, obligó "adecuar el cupo de internos a la capacidad contemplada originariamente, 624 internos", e insta a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) "a regularizar por medio de quien corresponda la diaria recolección de residuos, previniendo la formación de basurales y eliminando los existentes".

En su fallo, Marengo dispuso que se brinde "una adecuada alimentación de todos los internos, asegurando especialmente los refuerzos alimentarios de aquellos internos que padezcan patologías". En relación a los detenidos portadores del virus de HIV, asegura que "deberá diagnosticarse la evolución de la citada patología, proveyendo la medicación antirretroviral pertinente".

Además, según explicaron desde el Comité contra la Tortura, en el expediente judicial consta que el Jefe del SPB, Fernando Díaz, había informado que el funcionamiento de los servicios en la Unidad "era normal". [ANPRESS]

pr/kc

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